Organizaciones campesinas integrantes del Consejo Asesor de la Agricultura Familiar, que del 13 al 15 de septiembre debatieron la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar, aseguran que el presupuesto previsto por la Secretaría de Agricultura Familiar para 2017 “es como una sentencia de muerte” porque en el mejor de los casos incorporaría 195 millones para un sector que desde 2015 reclama más de 1500 millones para hacer realidad la “reparación histórica” que plantea la Ley Nacional.

El Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena es un cuerpo integrado por 13 organizaciones campesinas e indígenas de nivel nacional, que junto a representantes del Ministerio de Agroindustria, INTA y SENASA, asesoran a la Secretaría de Agricultura Familiar sobre la aplicación de políticas públicas para el sector. Una tarea que en el último encuentro dejó a los primeros con mucha preocupación.

Entre el 13 y el 15 de septiembre el Consejo Asesor se reunió en la ciudad de Buenos Aires esperando que reglamentación de la Ley Nº 27.118 “De Reparación Histórica de la Agricultura Familiar” se transformara en realidad y que con ella se estableciera un presupuesto que permitiera pensar en la consolidación del sector en el próximo año. Sin embargo, los resultados fueron adversos.

“En la última reunión donde teníamos mesa de dialogo, Oscar Alloatti [Secretario de Agricultura Familiar de la Nación] junto coraje y dijo más o menos lo que están pensando, que al presupuesto histórico de la Secretaría que son 300 millones de pesos él está pidiendo sumar un 65%, que serían unos 195 millones de pesos más con lo que en 2017 estaríamos en 495 millones de pesos en el mejor de los casos”, repasó José Luis Castillo, integrante de ACINA, la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino, que junto a las otras 12 organizaciones esperaban un presupuesto por sobre los 1500 millones pensados para la Agricultura Familiar en 2014 cuando se sancionó la Ley Nacional de “Reparación histórica de la Agricultura Familiar”.

En tanto desde el Ministerio de Agroindustria, la cifra que garantizaron para el 2017 es todavía menor que la solicitada por la Secretaría de Agricultura Familiar. “El Ministerio de Agroindustria garantiza un 18%, que es lo que tiene garantizado desde el Ministerio de Economía, y eso daría un total de 45 millones de pesos, o sea, que eso es más lamentable y es como una sentencia de muerte de la agricultura familiar”, graficó José Luis Castillo.

En 2015 la Secretaría de Agricultura Familiar cerró el año exigiendo 1500 millones de pesos para desarrollar el universo donde están registradas 300 mil familias a las que se suman otras 200 mil por fuera del registro oficial del RENAF (Registro Nacional de Agricultura Familiar). En 2016 la Secretaría funcionó con 300 millones de pesos y con las proyecciones realizadas en el último encuentro del Consejo Asesor, en 2017 el mejor escenario incorpora 195 millones y el peor sólo 45 millones.

“Con esos 300 millones de pesos no da ni siquiera para arrancar porque no olvidemos que entre el RENAF y el Monotributo Social Agropecuario se llevan un poco más de 200 millones de pesos, o sea, que le quedaría unos centavitos de 70 millones de pesos para cargar nafta y sacar la camioneta para que sigan girando Delegados [Provinciales], que no sé a dónde van porque cada vez que llamamos a un técnico o a un Delegado no hay plata”, planteó Castillo, quien concluyó sosteniendo que “con esto nos convencimos que están dispuestos y decididos a destruir la Secretaría de Agricultura Familiar”.

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