Representantes de organizaciones campesinas e indígenas junto a organismos del Estado se reunieron para consensuar la reglamentación de la Ley 27.118 “De reparación histórica de la Agricultura Familiar”. Durante el encuentro surgieron fuertes reclamos por la situación que atraviesan miles de las familias rurales afectadas por inundaciones y sequías.

consejo de agricultura familiar 3La reunión, presidida por Oscar Alloatti, Secretario de Agricultura Familiar, se realizó ayer martes en el microcine de la Secretaría. Participaron representantes de las 13 organizaciones campesinas e indígenas que integran el Consejo Asesor Nacional junto a funcionarios del Ministerio de Agroindustria como el INTA, SENASA y UCAR.

En el comienzo, Graciela Freddi, Directora de Apoyo a las Organizaciones, reseñó el proceso de elaboración de la Ley de Agricultura Familiar, promulgada en enero de 2015, y puso a consideración del plenario un documento síntesis de los aportes realizados por las organizaciones y organismos oficiales para la reglamentación de la Ley.

La propuesta de los organizadores fue dar un plazo de 30 días para analizar el documento. Luego, el Consejo Asesor acordaría la redacción del Decreto Reglamentario para que el Presidente Mauricio Macri pueda firmarlo en el mes de septiembre y el Congreso de la Nación adjudicarle el presupuesto correspondiente.

consejo de agricultura familiar 2Aportes y críticas
Si bien en la reunión no se realizó un análisis exhaustivo del documento, algunos participantes reconocieron que “se hizo un trabajo serio por parte de los actuales funcionarios para recoger todas las propuestas realizadas por las organizaciones”, valorando “el respeto al proceso de trabajo conjunto que se viene realizando para la reglamentación definitiva”.

Pero además del análisis de la Ley, en la reunión no estuvo ausente la dramática situación que atraviesan las familias campesinas e indígenas por la emergencia climática y la falta de respuestas urgentes por parte del Estado. “Si bien los compañeros del litoral soportaron inundaciones sin precedentes, nosotros en el noroeste estamos sufriendo las consecuencias de una fuerte sequía que provoca mortandad de animales y pérdidas de cultivos”, expresó Daniel Argamonte, indígena jujeño de la Red PUNA. Asimismo, reclamó que “por parte de la Secretaría de Agricultura no recibimos ningún tipo de ayuda”. “Nos dicen que están sin recursos y no tienen ni para el combustible”, argumentó.

José Luis Castillo, integrante de ACINA (Asamblea Campesino indígena del Norte argentino) propuso “aprovechar el momento histórico de unidad de las organizaciones para reclamar al Estado el cumplimiento de lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Agricultura Familiar que destina al sector un 20% del Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria”. “Son unos 100 millones de pesos que nos corresponden por derecho”, aseguró.

Finalmente, se resolvió convocar al Consejo Asesor para fines del mes de Julio con el objetivo de elaborar la redacción final de la reglamentación. Asimismo, se definió solicitar para esa fecha una audiencia con el Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile para plantear los reclamos surgidos de las organizaciones, como así también la posibilidad de reunirse con representantes de los diferentes ministerios para la conformación del Consejo Interministerial previsto en la Ley.

La Ley y sus actores
Entre los puntos más importantes de la Ley de Agricultura Familiar se destacan la suspensión de desalojos por el lapso de tres años; la definición de la tierra como un “bien social”; y el establecimiento de mecanismos para el acceso a la tierra (Banco de Tierras). También, la norma establece la prioridad para la compra estatal de los productos de la agricultura familiar, el fomento de las ferias locales y la creación de una cadena nacional de comercialización. Asimismo, promueve el fortalecimiento y la promoción de la Agroecología.

La norma es una ley de adhesión, por lo que se invita a las provincias a adherir a la misma y/o a armonizar su legislación según sea el caso. Las provincias que ya adhirieron son: Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Jujuy y Neuquén. Las que cuentan con Ley propia: Chaco, Río Negro, Salta, San Juan y Misiones.

Las organizaciones que integran el Consejo Asesor son la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF); la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA); el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI); y el Frente Nacional Campesino (FNC); Grito de Alcorta.

También están el Movimiento Campesino de Liberación (MCL), Unión de Pescadores Artesanales (UAPA); el Encuentro de Pueblos Originarios (ENOTPO); Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina (ONPIA); la Asociación Mujeres Rurales (AMRAF); el Frente Agrario Evita; y la Federación Agraria y Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA).