El Juzgado de Saladas imputó el jueves pasado al capataz de la quinta citrícola de Pago de los deseos Faustino Mendoza, y lo citó a declaración indagatoria para mediados de noviembre.

Se lo acusa de homicidio culposo, por el uso negligente del agrotóxico “Furadán” que provocó la muerte de la niña Rocío Pared, en setiembre pasado.

La hipótesis, que en su momento planteó el abogado defensor de la familia, Francisco Pissarello, fue que “esa mandarina formaba parte de un cajón de frutas inoculadas con veneno, con el fin de utilizarlas para ahuyentar pájaros en una quinta de arándanos, propiedad de la misma empresa. En el traslado, una de esas frutas envenenadas se cayó, y fue levantada por los chicos con el peor final”.

En los fundamentos de la imputación, el fiscal de la causa, Osvaldo Ojeda, explicó que: “El uso imprudente del producto fue lo que generó este resultado. De allí que la imputación sea por homicidio culposo, lo que no quiere decir que en el transcurso de la investigación se pueda cambiar la calificación legal”.

¿Voces en el desierto?

El caso de Rocío, se suma al de los dos niños de Lavalle fallecidos hace unos años, y al de tantas muertes y enfermedades provocadas por el uso indiscriminado de agrotóxicos en nuestro país.

¿Qué respuestas se dan desde el Estado? Poco y nada. En comisiones del Senado de la Nación se debaten dos proyectos. Uno, presentado por el Senador Fernando “Pino” Solanas,  que prohíbe las fumigaciones aéreas y limita las terrestres a 1500 metros de los centros poblados.

El otro, presentado por el Diputado Basterra, sobre “Elaboración, registro y Control de productos fitosanitarios”. Este último, recibió serios cuestionamientos por parte de organizaciones sociales, quienes afirman que el proyecto no apunta a la preservación efectiva de la salud socioambiental.

Mientras tanto, las voces en el desierto siguen reclamando soluciones urgentes que respeten el Derecho a la Salud y a la Vida.

PRENSA INCUPO