Esta vez le tocó a Rocío, una niña de 12 años quién junto a su sobrino Damián iban a catecismo el sábado 9 de setiembre en la localidad de Mburucuyá. Al pasar frente al portón principal de la finca del empresario Luis Brest, recogen una mandarina del suelo. Al primer bocado Rocío quedó paralizada y Damián comienza con cólicos. La niña fallece en el acto. El chico salvó su vida de milagro.

La hipótesis que persigue el abogado defensor de la familia, Francisco Pissarello, es que “esa mandarina formaba parte de un cajón de frutas inoculadas con veneno, dirigidas a una quinta de arándanos, propiedad de la misma empresa, con el fin de utilizarlas para ahuyentar pájaros. En el traslado, una de esas frutas envenenadas se cayó, y fue levantada por los chicos con el peor final.”

Según el Fiscal de Instrucción de Saladas, Osvaldo Ojeda, la autopsia realizada a Rocío reveló que se encontró en su cuerpo restos de “Furadán” un producto extremadamente tóxico, prohibido en Europa y Estados Unidos y restringido en nuestro país.
En el allanamiento a la finca, también se encontraron jeringas y restos del plaguicida mortal.

Nicolás Arévalo

Hasta el momento no hay imputados en la causa. El abogado de la familia Pared acusa a la empresa de “encubrimiento”, por ocultar pruebas. Por su parte, el representante del Ministerio Público de la Acusación informó que “se espera la declaración del propietario, que se encuentra de viaje en el exterior. También se aguardan los resultados de los estudios de unas 15 mandarinas, que fueron enviadas al laboratorio de la Policía, del INTA y del cuerpo médico forense del Poder Judicial”.

 

¿Será Justicia?

Hace unos años, el uso indiscriminado de agrotóxicos en la producción de tomates se llevó la vida de dos niños correntinos: José “Kili” Rivero y Nicolás Arévalo. Si bien sobraban las pruebas de su muerte por contaminación, la justicia correntina desestimó las acusaciones contra el productor dueño de la finca.

Familia de “Kili” Rivero

La contracara de esta situación se dio esta semana cuando la Corte Suprema de la Nación, ratificó la condena a dos productores cordobeses acusados por la Cámara del Crimen de Córdoba en agosto de 2012 por el delito de “Contaminación ambiental dolosa”. Se determinó entonces que “fumigar sobre las personas es un delito”, y se consideró a los agrotóxicos “sustancias altamente peligrosas para la vida”.

El paso que falta es analizar la responsabilidad del Estado en el control del uso de agrotóxicos. ¿Cuánto se usa? ¿Cómo contaminan las napas y cursos de agua? ¿Cómo llegan los alimentos fumigados a nuestra mesa?

Sobre todo, falta el impulso a las experiencias de producción agroecológicas, que respetan la naturaleza, que protegen la vida y promueven un ambiente saludable para todos.

PRENSA INCUPO