Los desalojos violentos de familias campesinas en Santiago del Estero parecen no tener fin. En algunos casos realizados  por la misma policía, en otros, por bandas armadas ilegales instigadas por empresarios que dicen ser dueños.
Pero esto no sólo se da en Santiago. Según la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), sobre 250 casos relevados en 8 provincias del norte, hay un millón y medio de personas afectadas por algún tipo de conflicto ambiental o territorial, involucrando unas 11 millones de hectáreas.

Muchos de estos conflictos se originaron en el siglo pasado, cuando algunos gobernantes negociaron la entrega de títulos de propiedad de tierra pública a personas o empresas, en pago de favores políticos o deudas públicas. Estas entregas ilegítimas se realizaron sin considerar que muchos de esos territorios estaban habitados históricamente por familias campesinas e indígenas.

Los gobiernos siguientes, hicieron poco y nada para regularizar y ordenar los territorios. Tampoco para frenar la voracidad de empresas agropecuarias que presionaron y presionan a las autoridades para avanzar con la implantación de monocultivos, destruyendo el monte nativo y expulsando a las familias campesinas.

Propuestas que asoman

En 2010 el estado santiagueño impulsó la creación de un Comité de Emergencia para solucionar conflictos de tierras. También puso en marcha un Registro de Poseedores para avanzar luego en la regularización de la tenencia de la tierra de las familias campesinas.
Si bien está en funcionamiento, organizaciones campesinas advierten que por falta de presupuesto dicho comité no está cumpliendo en forma efectiva su función.
A nivel nacional, en 2013, la Iglesia Argentina, el Ministerio de Agricultura de la Nación y organizaciones campesinas impulsaron la formación de la “Mesa de diálogo por el Desarrollo Sustentable de la Agricultura Familiar”, con participación de empresarios agropecuarios y funcionarios de gobierno. Los integrantes de la mesa recorrieron las provincias debatiendo propuestas productivas y de solución pacífica de conflictos en los diferentes territorios. Entre sus propuestas figura la implementación de la “Ley de reparación histórica de la Agricultura Familiar, campesina e indígena”.

Mesa de Diálogo: “Los conflictos no se deben ignorar, sino asumirlos para buscar alternativas superadoras” (Monseñor Lozano)

En la provincia del Chaco, el trabajo conjunto de organizaciones campesinas e instituciones logró solucionar algunos conflictos a través de leyes de expropiaciones de tierras, como por ejemplo las 500 hectáreas de la zona de San Martín, reclamadas por familias que producían en la banquina de las rutas.
Esta semana, la buena noticia fue que la Cámara de Diputados, rechazó un veto del poder ejecutivo y dejó en firme la expropiación de 100 hectáreas favor de la familia Docteur, agricultores de la zona de Laguna Limpia. Soluciones puntuales. Pero soluciones al fin.

Desafíos

En nuestro Gran Chaco, miles de familias campesinas siguen apostando al trabajo de la tierra, a la producción de alimentos respetando el ambiente. Pero muchas veces lo hacen con la angustia y la incertidumbre de la tenencia de sus tierras.

Los diferentes gobiernos, los empresarios del agro, las organizaciones campesinas, las iglesias y las instituciones tienen la urgente responsabilidad de frenar la violencia en la resolución de los conflictos, evitando la pérdida de derechos y sobre todo, de vidas humanas.
“La ley del más fuerte”, debería cambiarse entonces por una obligación al “reconocimiento real de los derechos de los más débiles”.