DNU y Ley Bases: La libertad de los Pueblos Indígenas y Campesinos no avanza
Un informe del Equipo de Pastoral Aborígen (ENDEPA) advierte que “el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la Ley de Bases para la libertad de los argentinos (Ley Ómnibus) impulsados por el Gobierno Nacional afectan derechos constitucionales de los Pueblos Indígenas y Campesinos”.
INCUPO, junto a diferentes organizaciones, se pronunció contra los recortes a instituciones de la Agricultura Familiar alertando que “desconocer el valor de este sector es una pérdida no sólo para quienes trabajan la tierra, sino para toda la sociedad”.
Retrocesos
Apenas asumido, el Gobierno del presidente Milei, impulsó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 y la Ley Ómnibus para “recortar privilegios de políticos, desregular la economía y hacer más eficiente el Estado, con el fin de enfrentar la crisis económica y social de la Argentina”.
Las medidas fueron rechazadas en el Congreso de la Nación y muchas de las normativas propuestas fueron frenadas por la Justicia a través de recursos de amparo presentados por instituciones afectadas.
Por su parte, el Equipo Jurídico de ENDEPA, a través de su informe “Las Libertades de los Pueblos Indígenas no avanzan”, consideró que “las medidas propuestas por el Gobierno son inconstitucionales porque afectan derechos adquiridos por los Pueblos Indígenas, violando leyes y acuerdos nacionales e internacionales”.
En dicho informe, ENDEPA explica:
“Protocolo antipiquete”
Esta medida “permite a las fuerzas policiales actuar “sin orden judicial previa”, frente a manifestaciones que impidan el tránsito.
Autoriza la detención de personas y la imposición de multas y sanciones severas sin derecho a defensa alguna”.
Esta normativa ve a la protesta social como un delito, cuando en realidad es un derecho.
Es inconstitucional porque viola leyes de seguridad interior y convenios de Derechos Humanos internacionales.
Leyes Ambientales
El Gobierno pretende modificar leyes que son el corazón del Derecho Ambiental argentino: Ley de bosques nativos (26.331), Ley federal de pesca (24.992),
Ley de glaciares (26.639) y Ley de control de actividades de quema (26.562).
Con el pretexto de impulsar el desarrollo económico, ENDEPA advierte que: “se promueve desregular, debilitar y si es posible eliminar todo mecanismos de control y limitación de los procesos productivos, favoreciendo la explotación de los recursos naturales, a costa de la destrucción ambiental y la expulsión de las comunidades de sus territorios”.
Y cita como ejemplos:
Ley de Quema: “Se permitirá el avance, sin autorización previa, de quemas de pastizales para desarrollo de actividades productivas”.
Ley de Glaciares: “se habilitará la explotación industrial, mayormente minera, en zonas de glaciares hasta hoy prohibidas para proteger reservas de agua”.
Ley de bosques: “propone recortar presupuesto destinado a la protección de los bosques, y simplificar procedimientos para desmonte en zonas prohibidas por su alto valor de conservación”.
Estas normas, alerta ENDEPA, “son un retroceso en la protección de nuestros recursos naturales, una amenaza para el ambiente y la vida de los pueblos.
Violan acuerdos de nivel nacional (Ley General del Ambiente) e internacional (Acuerdo de Escazú). Son inconstitucionales”.
¿Qué se puede hacer?
“Cuesta salir del estado de shock” expresa Roxana Rivas, del Equipo Jurídico de ENDEPA, “pero hay que tomar conciencia que estos derechos que se quieren vulnerar tienen un sustento constitucional muy sólido. Por eso, muchos jueces no tiene otro camino que hacer lugar a las acciones de amparo que se están presentando, para frenar muchas normativas propuestas por el Gobierno. En la medida de lo posible hay que acercarse a las organizaciones para insistir con estas acciones de inconstitucionalidad”.
Finalmente resaltó: “Desde ENDEPA, estamos haciendo un trabajo arduo de articulación entre instituciones y organizaciones para defender los Derechos adquiridos por los pueblos indígenas a lo largo de la historia”.
Nota: Como aporte para entender la actual situación legal, INCUPO y ENDEPA elaboraron un FOLLETO EXPLICATIVO, que se puede descargar y multiplicar para trabajar en las comunidades.
Recortes
Otra decisión, impulsada por el Gobierno, apunta a reducir organismos de control y de acompañamiento a la Agricultura Familiar Campesina e Indígena.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), por ejemplo, recibió la notificación de una reducción del 30% de su personal (unos 550 trabajadores).
En el caso del INAFCI Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, directamente se decidió su eliminación, con el despido de más de 900 trabajadores.
A través de comunicados, distintas instituciones y organizaciones manifestaron su rechazo a estas resoluciones:
“Esta medida representa un retroceso alarmante para la institucionalidad de la Agricultura Familiar, proveedora de alimentos para la población y cuidadora del ambiente. Desconocer su valor, no es una pérdida sólo para quienes trabajan la tierra, sino para toda la sociedad” expresó el INCUPO.
Por su parte, Federación Agraria Argentina, calificó estas decisiones como “un error”. “Mas allá de comprender la importancia de analizar cómo se venía gestionando dicho Instituto, y la necesidad de reducir gastos del Estado, sostenemos que los pequeños productores siguen necesitando del apoyo técnico, asistencia y acompañamiento de parte del estado nacional”, expresaron.
A lo largo de la historia, los pueblos indígenas y campesinos han sabido reclamar y conquistar derechos. Hoy les toca defenderlos, a través de la organización, la articulación de esfuerzos y el acompañamiento de las instituciones.
Junto a los campesinos y pueblos indígenas
En sus 50 años de vida institucional, INCUPO lanzó una campaña para que la sociedad se sume a defender el monte, la producción agroecológica y los derechos indígenas del Gran Chaco. Quienes estén interesados a sumarse a este desafío, pueden donar aquí.