La Comunidad Qom “Sol Naciente” de la ciudad de Las Toscas denunció que sufrió un intento de desalojo por parte del gobierno municipal, que ingresaron sin orden judicial y destruyeron las viviendas. En 2016, la comunidad se asentó en el lugar que reclaman como “la tierra de sus ancestros” como lo atestiguan restos materiales hallados recientemente, un reclamo que el gobierno desconoce y que denunció penalmente como ocupación.

El martes 14 de agosto la comunidad tenía pocos ocupantes porque las familias habían viajado a la ciudad de Resistencia y la calma fue rota por la llegada de un camión de la Municipalidad de Las Toscas con la orden de demoler las viviendas y cargar las pertenencias. “Los habitantes pensaron que se trataba de una medida judicial. En la comunidad viven unos 15 adultos con 11 chicos que ocupan tres casillas”, detalló el Abogado, Juan Gómez, del Consejo Consultivo y Participativo de Pueblos Indígenas dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

Historia

“En año 2016, cuando ellos realizaron la recuperación del lugar donde hoy está asentada la comunidad en un predio municipal, el Intendente, Leandro Chamorro, los denunció penalmente por el delito de usurpación. En ese momento a través de un trabajo conjunto con el Defensor Oficial de la causa se logró que la Jueza del caso desestime la denuncia por considerar que no había delito y esto fue apoyado a través de un estudio antropológico de la Lic. Cristina Pascuali, que había demostrado que en el lugar había restos óseos de antepasados de la comunidad, como también restos de vasijas y flechas”, repasó el Abogado, Gómez.

Amedrentamiento

El miércoles 15, cuando el Cacique, Dario Pereyra, arribó a la comunidad se encontró con un panorama desolador. “Habían de devastado, prácticamente, todo y la municipalidad se prestó a poner unos pilotes de madera para cercar el lugar. Entonces habló con la comisaría y la policía le dijo que ellos no habían tomado intervención en ese desalojo y que ellos no habían recibido ni una orden de Fiscalía ni del Juzgado”, reconstruyó Gómez.

“En ese momento –continuó- no le querían tomar la denuncia a Dario y cuando logramos que se la tomen no le querían entregar copia de lo que estaba denunciando, luego fue a la Fiscalía y el Juzgado donde constató que no había orden, con lo cual el desalojo y allanamiento fue, completamente, ilegal. Ahí Darío volvió al territorio y cuando llegó se acercó personal policial leyéndole los derechos y haciendo una puesta en escena con testigos que eran, casualmente, del municipio y lo llevaron detenido sin orden y sin causa”.

A las 20:00 horas del miércoles 15 de agosto más tarde el Cacique, Darío Pereyra, recuperó la libertad y en el caso “está interviniendo la Dra. Cintia Chávez, que ya trabajó con otras comunidades y nosotros corrimos traslado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y al área que trabaja la violencia institucional desde el Ministerio de Justicia de la Nación”, concluyó el Abogado del Ministerio de Justicia.