Mientras el Congreso nacional analiza proyectos impulsados por el Gobierno que modificarían la Ley de Semillas y las normas sobre la propiedad de la tierra, organizaciones campesinas, sociales, ambientales y religiosas advierten sobre una amenaza que va mucho más allá del sector rural: quién decidirá qué alimentos producimos, cómo se producen y quién podrá acceder a ellos.

Según estas organizaciones, las iniciativas beneficiarían a grandes empresas semilleras y facilitarían la compra de tierras por parte de capitales extranjeros, debilitando los derechos de las familias agricultoras y poniendo en riesgo la soberanía alimentaria del país.

Las semillas como patrimonio de los pueblos

En este escenario, como lo viene realizando hace tres décadas, INCUPO, junto a organizaciones campesinas e instituciones de la región, impulsa una serie de encuentros de intercambio de semillas nativas y criollas. Estos espacios buscan conservar variedades adaptadas durante generaciones por las familias rurales y promover una forma de producción que cuide la naturaleza y garantice alimentos sanos.

El primero de estos encuentros se realizó a comienzos de julio en General San Martín, Chaco, bajo el lema «Detrás de las semillas están la tierra y el trabajo de cada familia». Allí participaron productores, artesanos del pueblo Qom, estudiantes, docentes e instituciones que intercambiaron semillas, conocimientos y experiencias.

Juan Carlos «Tato» Figueredo, docente de la EFA Fortaleza Campesina y técnico de INCUPO, destacó el compromiso de los participantes. «A pesar de la difícil situación económica, los productores trajeron sus semillas para el intercambio», señaló.

También resaltó el trabajo de los estudiantes, quienes investigaron, clasificaron y conservaron semillas para compartir luego sus aprendizajes mediante obras de teatro, maquetas y expresiones artísticas. «Las semillas nativas y criollas son mucho más que semillas: representan biodiversidad, cultura, salud y soberanía alimentaria», afirmó.

Los encuentros continuaron el 26 de julio en el Parque Mitre de Corrientes, durante el Encuentro Provincial de Ferias Francas. Este fin de semana se realizará la edición número 29 del Encuentro de Semillas de Misiones en Aristóbulo del Valle, y el próximo 8 de agosto en El Colorado, Formosa, con la participación de agricultores e instituciones de toda la región.

Enzo Ortt, coordinador del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA), explicó que estas reuniones se realizan desde hace casi tres décadas para preservar las semillas producidas y mejoradas por las familias campesinas. «Son la base de nuestras comidas tradicionales y de una forma de producir respetuosa de la naturaleza», expresó.

El debate por la Ley de Semillas

La importancia de estos encuentros cobra mayor relevancia por el proyecto del Gobierno nacional para modificar la Ley de Semillas.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca fortalecer al sector agropecuario y aumentar las exportaciones. Sin embargo, organizaciones como la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria (CALISAS), que reúne a más de 60 organizaciones sociales y universidades públicas, aseguran que los cambios responden a las demandas de las grandes empresas semilleras internacionales.

Advierten que la reforma limitaría el llamado «uso propio», una práctica histórica mediante la cual los productores guardan parte de su cosecha para volver a sembrarla. Si esa posibilidad se restringe, muchos agricultores deberían comprar semillas cada año o pagar regalías, aumentando los costos de producción y favoreciendo la concentración del mercado.

Javier Souza Casadinho, integrante de MAELA, recordó que actualmente solo cuatro grandes empresas controlan más del 60 % del comercio mundial de semillas.

«Las empresas tienen un enorme poder para influir en las decisiones políticas. Si siguen concentrando el mercado, serán ellas las que decidan qué variedades estarán disponibles y, en definitiva, qué vamos a comer», advirtió.

Las organizaciones también alertan que la expansión de semillas modificadas genéticamente suele ir acompañada de paquetes tecnológicos que requieren un uso intensivo de agrotóxicos, con consecuencias para el ambiente y la salud.

La preocupación también alcanza a la tierra

Otra iniciativa que genera rechazo es el proyecto denominado «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que, según sus críticos, eliminaría las restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de personas o empresas extranjeras, incluso en zonas estratégicas con reservas de agua y otros bienes naturales.

Ante esta situación, Cáritas, la Pastoral Social y ENDEPA solicitaron al Congreso que rechace la propuesta.

En una carta pública señalaron que la medida «atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos y de nuestros bienes comunes», además de afectar el derecho de los pueblos a decidir sobre sus propios territorios.

Asimismo, la Asamblea Campesina Indígena del Norte argentino (ACINA), advirtió en un comunicado que “Esta ley permitiría profundizar la extracción de nuestros recursos naturales, como el agua, los bosques, los suelos y los minerales, que podrían ser explotados y comercializados sin los controles necesarios, afectando el ambiente, la producción y la salud de nuestro pueblo”.

Las organizaciones recuerdan que la tierra no es solamente un bien económico. De ella dependen los alimentos, el agua, las semillas y la biodiversidad. Para las comunidades campesinas e indígenas representa, además, identidad, cultura, trabajo y el legado que pasa de una generación a otra.

Un debate que involucra a toda la sociedad

Para las organizaciones sociales, lo que hoy se discute en el Congreso no es únicamente una reforma legal. Sostienen que está en juego el modelo de producción de alimentos, la conservación de la biodiversidad y el acceso a bienes esenciales como la tierra y las semillas.

Por eso reclaman un debate amplio, democrático y participativo, que garantice los derechos de los agricultores familiares y proteja un patrimonio que consideran fundamental para toda la sociedad: la capacidad de decidir qué alimentos producir, cómo producirlos y quiénes tendrán acceso a ellos.

Foto de portada: MINGA Tierra Viva

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