Seguimos en deuda con los Pueblos Indígenas

Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación ante los cambios normativos que se impulsan, especialmente a través del DNU 70/2023 y el denominado proyecto de ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (en adelante, proyecto PEN) por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Los mismos afectan sustancialmente nuestro estado de derecho, nuestro sistema constitucional vigente, especialmente a los sectores más vulnerabilizados de nuestra sociedad, como son los pueblos indígenas, a quienes acompañamos en sus reclamos, especialmente en la materialización de sus derechos territoriales.

Vemos con preocupación cómo se avanza en una reestructuración del Estado y del sistema de derechos vigentes que contraría los principios y bases, consagrados en nuestra Constitución Nacional 1853 – 1994, con un especial avance contrario a los derechos humanos, los derechos de incidencia colectiva, los derechos ambientales, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio, preexistencia y autodeterminación.
Reafirmamos la vigencia e importancia del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y la naturaleza especial del mismo (art. 75 inciso 17 y 22) y el Convenio 169 de la OIT. Siendo de obligación ineludible del Estado Nacional garantizar, asegurar el acceso, brindarles seguridad jurídica y material, respetar la autodeterminación de los pueblos y sus derechos sobre los recursos naturales, entendiéndose esto como parte sustancial de la cultura y garantia de existencia. El territorio y los pueblos son uno y su defensa, conservación y sustentabilidad no pueden subordinarse a un orden económico que no tenga como centro al ser humano como sujeto de derechos.
Los pueblos indígenas nos han demostrado que es posible vivir en este mundo en armonía con la naturaleza de la que somos uno. Consideramos en riesgo esta posibilidad, a partir de las políticas económicas actuales que se proyectan y pretenden concretarse a través de las reformas propuestas y acciones impulsadas, profundizando el extractivismo, la concentración de la propiedad de la tierra, la transferencia y comercialización de los recursos naturales, la minimización del cambio climático, la exacerbación de la propiedad privada y consecuente negación de la propiedad colectiva de los territorios, criminalizando y estigmatizando estas luchas que han sido fundamentales para el reconocimiento de los derechos indígenas.

Reivindicamos y exigimos más que nunca el cumplimiento del rol del Estado como garante de los derechos y que en base los principios de progresividad, universalidad e interdependencia, irreversibilidad, que los rige y sustenta, decimos que no aceptaremos un paso atrás en materia de los derechos humanos de los pueblos indígenas, renovando nuestro compromiso en el acompañamiento de sus luchas y sus resistencias.
Denunciamos que la emergencia en materia territorial de los pueblos indígenas se mantiene, requiriendo mayores compromisos y decisiones del Estado Nacional para superarlo. El solo paso del tiempo no implica que cesen las condiciones que hicieron necesaria la sanción de la ley 26.160, es necesario continuar y profundizar las políticas públicas que hagan posible el acceso y seguridad de los pueblos indígenas sobre sus territorios, derechos e intereses. Seguimos exigiendo la culminación de los relevamientos territoriales y titularización de los territorios, para ello consideramos fundamental el sostenimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con los recursos necesarios para lograr este cometido.
Así, junto a los pueblos indígenas, quienes a lo largo de los años se vienen pronunciando frente a las injusticias que los atraviesan, afirmamos que es inadmisible la aceptación de un sistema regresivo de derechos, interpelándonos a mantener y redoblar el compromiso de sostener con nuestra palabra, nuestros actos y nuestras luchas los valores, reconocidos y construidos desde el paradigma de la inviolabilidad de los derechos humanos y la interculturalidad de nuestro Estado Argentino.

Junto a los campesinos y pueblos indígenas

En sus 50 años de vida institucional, INCUPO lanzó una campaña para que la sociedad se sume a defender el monte, la producción agroecológica y los derechos indígenas del Gran Chaco. Quienes estén interesados a sumarse a este desafío, pueden donar aquí.