Napalpí: La lucha sigue
Luego de 98 años, la Justicia reconoció la responsabilidad del estado argentino en la “Masacre de Napalpí”, donde murieron unas 400 personas de los pueblos Qom y Moqoit.
Dirigentes indígenas e instituciones advierten que los intereses económicos y políticos que impulsaron aquella matanza, siguen acechando hoy a los Derechos Indígenas.
El incumplimiento de la Ley 26.160, un ejemplo.
Memoria, Verdad, Justicia
Explica Victorio Ramírez, poblador Qom de la zona e intérprete durante el juicio:
“Nunca perdimos la memoria. Trabajamos para investigar qué pasó realmente en Napalpí y por qué pasó”.
“Junto a Juan Chico, docente indígena, fuimos charlando con nuestros ancianos para reconstruir la historia, para que la verdad se conozca: que hubo un plan organizado para el exterminio de nuestro pueblo. Y para que se haga justicia.”
Testimonios como el de Victorio, junto al de pobladores sobrevivientes, recopilados por investigadores fueron tomados por los fiscales como pruebas para iniciar un “Juicio por la Verdad”.
Luego de 6 audiencias públicas, el jueves 19 de mayo, la sentencia de la Jueza Zunilda Niremperger estableció que “Hubo responsabilidad del estado en el asesinato de entre 400 y 500 personas del pueblo Qom y Moqoit, ocurrida el 19 de julio de 1924, cuando 130 policías y civiles armados, apoyados por un avión, ametrallaron a pobladores indígenas que reclamaban mejores condiciones de trabajo en la cosecha del algodón”.
Asimismo, la Sentencia exhortó al Estado Nacional medidas reparatorias para los pueblos afectados en materia de Políticas de salud, de educación, de capacitación a las fuerzas de seguridad en diversidad cultural y de construcción de memoria sobre los hechos.
“Sin la tierra, la herida sigue abierta”
“Hoy seguimos resistiendo para recuperar nuestras tierras, ese es el gran problema de las comunidades. El Estado habla de reparar las heridas. Hay que reflexionar y seguir trabajando para cicatrizarlas de a poco. Si no solucionamos estos problemas, la herida seguirá abierta”.
Las palabras de Victorio son un llamado de atención frente a la falta de respuestas ante reclamos urgentes de los pueblos indígenas argentinos.
Para Franco Aguilar, abogado de ENDEPA, un claro ejemplo es el incumplimientos de la Ley 26160: “Fue creada en 2006, con presupuesto para relevar los territorios indígenas, pero hasta el momento no se llegó ni a la mitad. Y lo más grave: hay sectores políticos que quieren derogarla ”.
Frente a este hecho, INCUPO, la Comisión Episcopal de Pastoral Aborígen (CEPA) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborígen (ENDEPA) emitieron sendos comunicados rechazando “el Proyecto de Ley presentada por la Diputada Victoria Villarruel (Libertad Avanza), que propone la derogación de la Ley 26.160 que impulsa el relevamiento de los territorios y el freno a los desalojos hasta su culminación”.
“Esta derogación atenta contra el cumplimiento de la Constitución Nacional Argentina. Implica ausencia de toda lógica jurídica y política, pretendiendo que antes de cumplirse una ley se la intente derogar.” (ENDEPA, CEAS)
“Esta Ley es de vital importancia para avanzar en la titularización comunitaria de los territorios indígenas, brindando seguridad jurídica a las comunidades, y una herramienta para frenar desalojos injustos hasta tanto no se culmine el relevamiento” (COMUNICADO INCUPO)
Territorios en peligro
“Este Juicio es un hecho histórico. Conocer la verdad de lo ocurrido en Napalpí en 1924, abre una puerta fundamental para conocer otros crímenes cometidos en nuestro país contra distintos pueblos indígenas”, expresó Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
“Esos mismos intereses económicos y políticos que impulsaron aquella masacre, existen hoy, y siguen influyendo en nuestra democracia trabando el cumplimiento de leyes y obligaciones del estado.
No puede ser, por ejemplo, que un sector de diputados nacionales quiera derogar la ley 26160, que protege los territorios indígenas, incumpliendo la constitución y retrocediendo la conquista de derechos.
Son los intereses de siempre, que quieren apropiarse de los territorios indígenas y sus riquezas.
Napalpí nos enseña que sólo con la unidad de los sectores políticos y las comunidades indígenas organizadas podremos hacer frente a esos poderosos intereses para que la historia no vuelva a repetirse”, expresó la titular del INAI.
Junto a los campesinos y pueblos indígenas
En sus 50 años de vida institucional, INCUPO lanzó una campaña para que la sociedad se sume a defender el monte, la producción agroecológica y los derechos indígenas del Gran Chaco. Quienes estén interesados a sumarse a este desafío, pueden donar aquí.