Convocada por organizaciones sociales, el miércoles 06 de junio se realizó una jornada sobre el acceso a la tierra y la vivienda en el Centro Cultural Universitario de Corrientes. Los disertantes criticaron el actual modelo de desarrollo “que prioriza la rentabilidad a costa del deterioro ambiental” y permite que “la propiedad privada se imponga sobre los derechos sociales”. Plantearon como alternativa la participación organizada de la sociedad en la construcción de políticas públicas que erradiquen de fondo las situaciones de pobreza.

El actual modelo de desarrollo “prioriza la rentabilidad a costa del deterioro ambiental”.

Juan Carlos Figueredo, técnico de INCUPO, expuso en el comienzo la realidad vivida en el sector rural, donde “Miles de familias campesinas son expulsadas de sus territorios por el avance de monocultivos como soja y maíz”. “Estos modelos productivos, impulsados por grandes empresas, producen deforestación y contaminación del ambiente que repercuten en los cambios climáticos, aumentando las inundaciones y sequías”.

La Arquitecta Lorena Sánchez, docente y trabajadora en programas estatales, corroboró esta situación con datos oficiales que indican que “sólo un 6 % de la población argentina se mantiene viviendo en zonas rurales, mientras que un 93% se concentra en las grandes ciudades. Esto explica el crecimiento de los asentamientos irregulares. Sólo en Corrientes capital existen 61 asentamientos, que involucran a unas 10 mil familias, con problemas de acceso a los servicios básicos”. “En la capital el déficit es alarmante, hubo 10 mil inscriptos en el último año y sólo se adjudicaron 200 viviendas”.

“sólo un 6 % de la población argentina se mantiene viviendo en zonas rurales”.

Gervasio Muñoz, de la Federación nacional de inquilinos fue el encargado de cerrar el panel, con datos poco alentadores para las familias que alquilan una vivienda: “Los alquileres aumentarán este año un 45%, muy por encima de la inflación, calculada en un 30% y un aumento de sueldos que ronda el 15%. Esto ocurre porque el estado no regula los alquileres y es el mercado, en manos de grandes propietarios quienes fijan los precios”. Muñoz explicó que está presentado en el congreso nacional una Ley Nacional de alquileres que regula el precio de los mismos sacando un promedio entre la inflación y el salario, de forma anual. “Este proyecto está cajoneado por algunos diputados que representan al sector inmobiliario, que no quiere perder sus grandes negocios”.

La construcción de políticas públicas que erradiquen de fondo las situaciones de pobreza es el horizonte que guía a las organizaciones.

Finalmente, el debate entre panelistas y público asistente giró en torno a la necesidad de construir políticas públicas con la participación de organizaciones sociales, con un diálogo que vaya más allá de los intereses sectoriales, y que apunten a garantizar un hábitat digno para millones de familias argentinas.

La jornada estuvo organizada por el colectivo “Hábitat Corrientes”, integrado por Asociación Techo, INCUPO, Asociación Inquilinos, Comisión Justicia y Paz y el Grupo de Apoyo Jurídico por el acceso a la tierra.

PRENSA INCUPO